El gobierno nacional sea quien sea presidente, sea del partido que fuera, sea el contexto político que se encuentre nuestro país, criticas de oposición o no; el gobierno quien representa al estado panameño está en todo el derecho de hacer cumplir las convenciones internacionales. Bien expresan los que dicen que “no se trata de que estemos de acuerdo con las acciones de los que solicitan este asilo. Se trata tan solo de cumplir con los mismos acuerdos internaciones que soberanamente hemos firmado”.
Cuestionar "a esta persona si denle asilo", "a esta otra persona no le den asilo", lo que hace es desnaturalizar el derecho de asilo territorial. Tampoco le corresponde al país de procedencia de quien solicita el asilo calificar, cuestionar, o en el peor de los casos aprobar lo que el país, en este caso Panamá, decida con respecto al asilo de determinada persona. Consulte de manera objetiva, con cualquier abogado experto en derecho internacional público y le dirá exactamente lo mismo.
La carta de la OEA sobre el asilo territorial dice así: Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Asilo Territorial, han convenido en los siguientes artículos:
Artículo I “Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”.
Aunado a ello la propia Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), mandata claramente lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales” (artículo 22.7).
Por otro lado, los aspectos políticos con los cuales se trata de enredar la situación muy particular de la ex procuradora tropiezan con hechos fundamentales que no admiten tal comparación:
María del Pilar Hurtado, colombiana fue ex-Jefa de seguridad del estado... en un país que secuestran gente, le ponen un collar de C4 en el cuello y los vuelan en pedazos. Hace unos años atrás mientras yo estuve viviendo en Ann Arbor, pasaron decenas de veces durante una semana en la televisión nacional en EU la triste escena de una bomba humana, una secuestrada que el ejército colombiano no pudo salvar. Elvira Cortés, aún millones de personas tienen esa dantesca imagen en su memoria.
Colombia es un país donde el narcotráfico penetro el sistema de justicia y el órgano legislativo. Un país donde la guerrilla llego a tomarse al menos un 20 por ciento del territorio y ejecuta a miles de personas al año. Pinchar? Escuchas telefónicas? En un contexto semejante trabajaba la jefa de seguridad, no creo que tal comparación tenga justificación alguna mas allá de la mordaz crítica política interna –a la cual tienen todo su derecho- pero que es obvio busca hacer daño a la gestión actual, no obstante, desnaturaliza la institución del asilo territorial que todos los países están obligados a respetar.
